Resumen

Este artículo propone una revisión crítica de la visión tradicional del proceso de incorporación de Honduras al Imperio Mexicano (1821-1823). A partir del análisis documental se demuestra que las elites de Comayagua buscaron en México una vía para obtener su autonomía política, tanto frente a la monarquía española como al dominio de Guatemala. La investigación detalla la evolución de dos proyectos locales divergentes en Honduras —Comayagua y Tegucigalpa—, sus tensiones internas y la forma en que estas moldearon respuestas distintas a la independencia. El texto analiza los esfuerzos diplomáticos hondureños ante el gobierno de Iturbide, la participación de sus representantes en el Congreso Constituyente, y el fracaso del proyecto autonomista, exacerbado por la falta de apoyo del Imperio. Al ofrecer una interpretación anclada en las dinámicas regionales, el artículo recupera la perspectiva de una elite local, cuyo proyecto fracasado anticipó conflictos clave de la historia independiente de Honduras.

Palabras clave: diplomacia, historia, política

Abstract

This article offers a critical reassessment of the traditional interpretation of Honduras’s incorporation into the Mexican Empire (1821–1823). Based on documentary analysis, it demonstrates that the elites of Comayagua viewed Mexico as a means to secure political autonomy, both from the Spanish monarchy and from Guatemalan control. The study traces the evolution of two divergent local political projects in Honduras —Comayagua and Tegucigalpa— examining their internal tensions and how these shaped different responses to independence. The text analyzes Honduras’s diplomatic efforts before Iturbide’s government, its representatives’ participation in the Constituent Congress, and the failure of the autonomist project, exacerbated by the lack of imperial support. By offering an interpretation rooted in regional dynamics, the article recovers the perspective of a local elite whose failed project foreshadowed key conflicts in the independent history of Honduras.

Palabras clave: diplomacy, history, politics

Introducción

La historiografía centroamericana del periodo independiente se inauguró con la publicación de dos libros provenientes de bandos antagónicos: de parte de los conservadores apareció Memorias para la historia de la revolución de Centroamérica por Manuel Montúfar y Coronado (1832), y de parte de los liberales, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro América de Alejandro Marure (1837). A pesar de sus ideologías contrarias, ambas obras denuncian la unión de Centroamérica a México: Montúfar planteó que se realizó para que los que antes eran burócratas del gobierno español retuvieran sus cargos dentro del sistema monárquico mexicano, Marure propuso que la unión a México "redujo a una verdadera nulidad a todos los guatemaltecos, y a una condición más triste que la que tuvieron bajo el régimen colonial" (p.46).

En el último cuarto del siglo XIX se establecieron en todas las repúblicas de Centroamérica gobiernos que se autodenominaban liberales, herederos ideológicos de los opositores a la anexión a México (Woodward, 1984). Estos gobiernos promovieron un movimiento historiográfico que presentaba al liberalismo reinante de aquellos años como la culminación del proyecto independentista y federalista iniciado a principios de siglo (García, 2012). La nueva oleada de trabajos históricos expuso la anexión a México como una reacción de los elementos más conservadores de Centroamérica para retener sus privilegios frente a los valores republicanos sostenidos por los liberales. Las investigaciones sobre historia centroamericana en general y sobre las repúblicas del istmo en particular producidas a finales del siglo XX reproducen las valoraciones hechas en el siglo XIX (Pérez, 1994; Fonseca, 1996; Pastor, 2011).

En el siglo XXI, los aportes a esta temática han buscado integrar las narrativas de la independencia centroamericana dentro de procesos políticos de mayor alcance geográfico o temporal. Se distinguen, en ese sentido, los estudios que vinculan el periodo con las revoluciones atlánticas iniciadas con la independencia de las Trece Colonias británicas en Norteamérica (Fernández, 2012); los que sitúan el origen de las prácticas políticas republicanas en los procesos constitucionales de la monarquía española (Avendaño, 2009; Quiel, 2023); y los que, desde perspectivas locales o regionales, analizan las acciones de los actores sociales y políticos para comprender sus proyectos nacionales (Pollack, 2013; Dym, 2006).

Contrario a la historiografía tradicional, en este artículo se propone que la provincia de Honduras se unió a México para cumplir su anhelo de lograr su autonomía política tanto de la monarquía española como del gobierno de Guatemala. Para demostrar esto se exponen los orígenes históricos de los problemas políticos internos de Honduras y su antagónica relación con Guatemala; se delinea el proyecto político de las elites de Comayagua, la capital de la provincia, y cómo este grupo vio en México una alternativa para recuperar el control sobre ramos administrativos clave que había perdido durante el dominio español; y se narran las vicisitudes que vivió el gobierno hondureño en sus intentos por ser reconocido por el gobierno mexicano.  Finalmente, se demuestran las acciones que el gobierno hondureño emprendió como provincia mexicana, tanto en su administración interna como mediante sus diputados en el Congreso Constituyente del Imperio.

Los datos de esta investigación provienen, en su mayoría, de las recopilaciones de documentos La anexión de Centroamérica a México por Rafael Heliodoro Valle y La cooperación de México en la independencia de Centroamérica por el general Vicente Filísola por Genaro García. Esos libros reúnen documentos de los archivos diplomáticos de México, documentos de archivos de Centroamérica y artículos de periódicos de la época. Información complementaria ha sido extraída de la reproducción de las actas del Congreso Constituyente de México coordinada por José Barragán y del periódico La Gaceta del gobierno Imperial de México.  

Dos provincias, dos independencias (1786-1821)

El proceso de incorporación de Honduras al Imperio Mexicano estuvo condicionado por dos proyectos distintos de autonomía conducidos por las elites locales desde finales del siglo XVIII. La aplicación de régimen de intendencias en Centroamérica desde 1785 fue la causa inmediata para que los grupos de poder local emprendieran iniciativas para preservar y aumentar su caudal político (Samayoa, 1978). En este contexto, la instauración de las Cortes de Cádiz en 1810 y la promulgación de la Constitución de 1812 transformaron la cultura política del Imperio hispánico. En toda Centroamérica se multiplicaron los cabildos, diputaciones y elecciones locales, lo que introdujo por primera vez prácticas de representación y deliberación que redefinieron las relaciones entre las provincias y la autoridad central. El discurso de la soberanía nacional y los principios de autonomía municipal y provincial sentaron un precedente jurídico que perduró incluso después de la caída del régimen constitucional en 1814. Los nuevos procesos electorales y representativos instaurados por el régimen gaditano acrecentaron la división de las elites de Comayagua y Tegucigalpa, que por primera vez contaban con un mecanismo distinto al de dirigir peticiones al rey de España. Las disputas sobre la representación provincial y la sede de las autoridades políticas reforzaron las viejas rivalidades entre ambas ciudades, y al momento de la independencia las llevaron a seguir caminos distintos: una se decantó por la unión a México y la otra se sometió al gobierno de Guatemala.

Honduras se estableció como provincia española en 1525 bajo el mandato de Hernán Cortés y adscrita a la Nueva España. Ese mismo año, el Emperador elevó la provincia al rango de gobernación y la colocó bajo la jurisdicción de la Audiencia de Santo Domingo. En 1568, Honduras fue incorporada a la recién fundada Audiencia de Guatemala, jurisdicción bajo la cual permanecería hasta su independencia en 1821. En 1580, Felipe II creó la alcaldía mayor de Las Minas de Honduras, conformada por los territorios del centro de Honduras y la Choluteca, que para ese entonces era el extremo sur de Guatemala. El gobierno de esta alcaldía mayor estaba en el Real de Minas de Tegucigalpa y, eventualmente, el territorio dejaría de llamarse Las Minas, para adoptar el nombre de su asentamiento urbano principal (Chaverri, 1992).

La provincia de Honduras y la de Tegucigalpa estaban unidas por el obispado de Honduras, que había sido creado en 1531. La jurisdicción eclesiástica abarcaba solamente la mitad de la provincia de Tegucigalpa, ya que Choluteca dependía del obispado de Guatemala. En 1672 y por iniciativa del obispo-presidente de Guatemala Juan Sancto Mathías, Choluteca y las islas adyacentes del golfo de Fonseca pasaron a depender de la iglesia de Honduras. En consecuencia, cuando en 1786, se creó la intendencia de Comayagua con límites idénticos al obispado, se unieron la gobernación de Honduras y la alcaldía mayor de Tegucigalpa en un solo territorio (Martínez, 2003).

En 1787, el Real de Minas de Tegucigalpa inició gestiones ante la corte de Carlos IV para segregarse de Comayagua y restituir el gobierno de la alcaldía mayor. Los procedimientos han sido ampliamente estudiados por la historiografía hondureña, que resalta los múltiples donativos económicos enviados por las elites tegucigalpenses al rey para lograr sus cometidos. En 1812, las Cortes Generales instaladas en Cádiz otorgaron la petición y Tegucigalpa se separó, nuevamente, de Honduras (Taracena, 1998).

Al mismo tiempo, el gobierno de Honduras con sede en Comayagua emprendió su propia lucha para recuperar el control de sus dos puertos, que habían sido pasados a la jurisdicción directa de la Audiencia de Guatemala en 1783. Se registran peticiones desde la administración del intendente Ramón de Anguiano iniciada en 1796, pero fue hasta las Cortes de Cádiz que se logró avanzar el proyecto, y por decreto expedido en 1814 Honduras recuperó sus puertos (Fernández, 1997).

Con la restitución de la Constitución de la Monarquía Española en 1820, la representación de Honduras se reunió en Comayagua para elegir sus representantes a Cortes. El intendente José Gregorio Contreras Tinoco aprovechó el proceso electoral para impulsar una propuesta para que Honduras se erigiera en su propia diputación provincial y se separara de Guatemala. Los diputados votaron conforme, pero cuando tuvieron la oportunidad de desligarse de la junta electoral comunicaron a sus cabildos locales lo sucedido, quienes a su vez avisaron al gobierno de Guatemala (Vallejo, 1882).

Desde Guatemala, el jefe político superior Carlos Urrutia instó a los electores de Honduras a oponerse a las intenciones de Comayagua y alegó que solamente las Cortes podían crear una diputación. Joaquín Lindo, como principal impulsor del proyecto, fue procesado judicialmente y la diputación de Honduras fue disuelta. El 8 de mayo de 1821, las Cortes emitieron un decreto que establecía que cada intendencia se erigiría en su propia diputación provincial. En consecuencia, Honduras reinstaló su diputación, Contreras Tinoco asumió como jefe político superior y Joaquín Lindo fue reivindicado (Mayes, 1956).

Los hechos descritos en este apartado sirven para aclarar las razones por las cuales Comayagua y Tegucigalpa proclamaron dos independencias distintas en 1821. Para Comayagua, Honduras era una provincia emancipada de Guatemala desde el decreto de mayo de 1821. Tegucigalpa, que desde el siglo XVIII había intentado desligarse de Comayagua, vio en el acta de independencia de 15 de septiembre de 1821, su oportunidad para recuperar la autonomía que había gozado desde el reinado de Felipe II. Para lograr sus propósitos, Comayagua se decantó por el Imperio Mexicano para protegerse de Guatemala, mientras que Tegucigalpa se alió con Guatemala para protegerse de Comayagua.

La adhesión de Honduras al Imperio Mexicano (1821)

El 28 de agosto de 1821, Chiapas emitió su declaración de independencia de España y adhesión al Imperio Mexicano. Este evento aceleró los procedimientos que las elites guatemaltecas conducían desde meses anteriores para separarse del gobierno español y desembocó en la declaración de independencia por el gobierno político superior de la provincia de Guatemala el 15 de septiembre de 1821 (Cabezas, 2009). Guatemala declaró su emancipación política, la formación de un gobierno interino llamado Junta Provisional Consultiva y ordenó a las provincias enviar sus diputados para formar un congreso a inicios de 1822 que emitiría su opinión sobre la naturaleza de esta independencia y la forma del nuevo gobierno.

El acta de Guatemala llegó a los cabildos de Comayagua y Tegucigalpa el 28 de septiembre. En Comayagua, Joaquín Lindo, quien antes había impulsado la autonomía de Honduras mediante la diputación provincial, mocionó para que esa provincia se pronunciara independiente de España y Guatemala. Según él, la propuesta enfrentó cierta oposición, pero al final pudo ser aprobada:

Sufrí, por el mucho partido que tenía aquí Guatemala, pero la confianza que disfruto del jefe, y de lo general del pueblo, hizo prevalecer mi sola opinión, aun sin tener voto en la junta, que no pudo hacerme callar hasta penetrarla de la justicia con que debíamos resistir en reconocer a Guatemala, y lo mucho que nos convenía unirnos a México (Lindo, 1924, p.63).

El acta de independencia de Comayagua estableció que Honduras solo reconocía por gobernante al "rey en la capital de México, al señor don Fernando VII o en su defecto a uno de los serenísimos señores infantes" (Vallejo, 1883, p.166). En múltiples notas y exposiciones dirigidas a las autoridades mexicanas entre 1821 y 1823, Honduras presentaría como principal alegato de sus súplicas haberse unido al Imperio Mexicano desde su declaración de independencia el 28 de septiembre de 1821, a diferencia del resto de provincias centroamericanas que se incorporaron hasta el 5 de enero de 1822.

De su parte, Tegucigalpa se adhirió al acta de Guatemala y solicitó al gobierno de aquella provincia ayuda para combatir las intenciones de Comayagua. El 2 de noviembre, Gabino Gaínza, capitán General de Guatemala, ordenó que todas las dependencias de gobierno de Honduras se trasladaran a Tegucigalpa, nombró a Simón Gutiérrez como jefe político de la provincia y envió un destacamento militar a la ciudad (Reina, 1965). Los guatemaltecos se posesionaron de la ciudad de Los Llanos de Santa Rosa y de los puertos de Omoa y Trujillo. Para Comayagua este fue un duro golpe a su posición estratégica: en Los Llanos se encontraba la única factoría de tabaco de la provincia, y Honduras volvía a perder los dos puertos que se habían recuperado por el decreto de 1814. Ciertamente, Guatemala emprendió estas acciones más por sus intereses económicos que por ayudar a Tegucigalpa. Esto quedó evidenciado cuando la Constitución de la República Federal de 1824 estableció como ramos propios justamente el tabaco y los puertos de Honduras, para sostener a la burocracia federal que tenía su residencia en Guatemala (Avendaño, 1996).

El 16 de octubre de 1821, la diputación provincial de Comayagua tomó la medida de declararse una capitanía general, que era el mismo rango militar que le correspondió al titular de la Audiencia de Guatemala durante el periodo de dominio hispánico. Gregorio Tinoco fue dotado del cargo de teniente general de los ejércitos imperiales, que se sumaba a sus cargos de jefe político superior e intendente (Romero, 1877). El 15 de noviembre, Tinoco cedió sus oficios políticos para poder ponerse a la cabeza de un ejército que expulsara a los guatemaltecos de Honduras. Se realizó una elección a lo interno de la diputación y correspondió el cargo de jefe político superior a Juan Nepomuceno Fernández Lindo, hijo de Joaquín Lindo, y el cargo de intendente a Nicolás Irías, provisor del cabildo eclesiástico y jefe de la iglesia de Honduras por encontrarse en sede vacante (Lindo, Irías y Zelaya, 1936).

Las autoridades de Honduras intentaron establecer comunicación con Iturbide mediante Chiapas, pero tuvieron la sospecha que sus correos eran interceptados por los aliados de Guatemala. El 22 de noviembre, la diputación provincial encargó a Contreras Tinoco y a Cayetano Bosque para que fueran a México a defender los intereses de Honduras. Ninguno de los dos cumplió su misión: Tinoco fue impedido por las tropas de Gabino Gaínza en Guatemala y Cayetano fue apresado por los militares del puerto de Trujillo (Bosque, 1936).

El 5 de enero de 1822, el gobierno de Guatemala expidió el acta que unía a Centroamérica a México. En el documento se aclaró que Comayagua, León y Cartago se consideraban adheridas desde sus declaraciones de independencia (Vásquez, 2010). No obstante este acto, Comayagua continuaba con sus problemas: no había podido establecer una comunicación directa con el Imperio Mexicano, su territorio estaba invadido por los ejércitos guatemaltecos y Tegucigalpa disentía de su autoridad. La diputación provincial decidió tomar una última medida para contactar a las autoridades mexicanas: se envió como comisionados al jefe político superior Juan Lindo y a su padre Joaquín Lindo a la ciudad de México. El 3 de febrero, Lindo dirigió una carta a Iturbide, en la cual le comunicó que partía de Honduras y expresó ansias por conocerle, pues lo consideraba el "Moisés de la tribu de la América septentrional" (Lindo y Lindo, 1936, p.174).

Agustín de Iturbide y la cuestión hondureña

Desde su declaratoria de independencia el 28 de septiembre de 1821, Comayagua había intentado, sin éxito, establecer comunicación con Iturbide o con la regencia del Imperio. Iturbide tenía correspondencia constante con Mariano de Aycinena, patriarca de la familia más rica y poderosa de Guatemala, y en ese entonces, síndico del cabildo de la ciudad de Nueva Guatemala. El problema principal que Iturbide trataba con Aycinena era la unión de toda Centroamérica con México, y no la adhesión o disensión de las provincias a lo interior de su distrito (García, 1911).

El 21 de diciembre de 1821, Agustín de Iturbide comunicó al intendente de Chiapas Manuel Ramírez y Páramo, que había recibido toda la correspondencia que de Centroamérica le había remitido, entre esta, los pliegos de solicitudes de Honduras (Iturbide, 1924). El 28 de diciembre, el generalísimo dirigió una carta a Gabino Gaínza en la que se lamentaba por la ocupación que las tropas guatemaltecas habían hecho de Gracias y de Tegucigalpa en Honduras (Iturbide, 1936a). El 11 de enero de 1822, Iturbide dirigió los reclamos de Honduras a la regencia y les indicó estar enterado que Comayagua se había unido al Imperio antes que toda Centroamérica y por lo tanto había quedado bajo la protección de la capitanía general de Puebla, aunque ahora le parecía innecesaria esa medida, ya que toda Centroamérica se había unido a México (Iturbide, 1936b).

Si bien Iturbide había recibido los informes de Honduras, no poseía conocimiento de la dinámica política de la región. En febrero de 1822 transfirió a la regencia las notas de Juan Lindo, quien se hacía llamar jefe político, y de Gregorio Tinoco que ostentaba el título de teniente general de los ejércitos imperiales, explicó que él desconocía a esos sujetos y les pidió que investigaran sobre el asunto (Iturbide, 1936c). La información se corroboró hasta el 29 de mayo, cuando Vicente Filísola (1936) comunicó a Iturbide que los informes de Honduras sobre la agresión guatemalteca eran ciertos.

En comunicaciones distintas, Iturbide le pidió a Juan Lindo y a José Gregorio Contreras Tinoco que dejaran atrás sus diferencias con el capitán general Gabino Gaínza (Medina, 1936). El generalísimo aprobó, también, la conducta de Gaínza sobre la represión militar que conducía en el puerto de Trujillo en Honduras (Iturbide, 1936d). El 27 de abril, la regencia reestructuró el gobierno de Honduras y estableció que, en apego a la Constitución de la Monarquía Española, el gobierno político fuera ejercido por el alcalde de primer voto de Comayagua, la intendencia por el ministro de hacienda y en la jefatura política se nombró directamente a Contreras Tinoco (Medina, 1936b).

Los actos de Agustín de Iturbide y de la regencia dejan claro que el gobierno mexicano buscaba alterar lo menos posible el orden político de Centroamérica. Iturbide compartía la visión de las elites guatemaltecas, con las cuales sostenía correspondencia, de un gobierno regional unificado bajo el dominio de la ciudad de Nueva Guatemala, antigua capital colonial. Para el generalísimo, la búsqueda de soberanía de Comayagua era un disenso temporal de parte de una sección de un territorio mayor y no como lo veían los propios hondureños, un movimiento independentista que por décadas había intentado separarse de Guatemala y que veían en el Imperio una manera de lograr esta ambición.

La representación hondureña en México

El Congreso Constituyente del Imperio Mexicano se instaló en la Ciudad de México el 24 de febrero de 1822, con alrededor de 200 diputados de las provincias de la antigua Nueva España y de Centroamérica. Su objetivo era redactar la constitución del nuevo imperio, tarea que quedó inconclusa tras ser disuelto por Iturbide en octubre de 1822.

Joaquín y Juan Lindo llegaron a la ciudad de México a inicios de abril de 1822 (Romero, 1877). Encontraron que la situación política había cambiado: las poblaciones de Centroamérica que se habían opuesto a la unión con el Imperio Mexicano ya habían realizado sus elecciones para el Congreso Constituyente y los diputados se encontraban en camino. Joaquín y Juan solicitaron a Iturbide que los reconociera como representantes de Honduras ante el Congreso.  Mientras esperaba la respuesta del generalísimo, Juan Lindo redactó en ciudad de México uno de los textos clásicos de la filosofía política hondureña del siglo XIX: Meditaciones de un pueblo libre (Durón, 1897). El escrito reflexiona sobre los valores básicos que debía adoptar un gobierno, aunque su lectura sugiere que se trata de un esfuerzo velado para reforzar el argumento de Comayagua para separarse de Guatemala.

La solicitud de Joaquín y Juan fue aceptada y se incorporaron, interinamente, al Congreso, junto a Cayetano Bosque que al fin había logrado llegar a México. El 19 de mayo, estos tres diputados proclamaron a Iturbide como emperador:

Los diputados propietarios y representantes de la provincia de Honduras, transportados de gozo y arreglados a los deseos y opinión pública de su provincia, unidos con la tropa y pueblo mexicano, proclamamos a V.M. por Emperador de esta América Septentrional; cuya proclamación que afianza la libertad y felicidad de los pueblos del Imperio, la ratificamos con el más solemne juramento: lo prestaremos igualmente en el Soberano Congreso: y lo repetirá cada uno de los pueblos de la indicada provincia con las ceremonias acostumbradas en tales casas. (Lindo, Lindo y Bosque, 1822, p.304).

Las acciones lisonjeras de los hondureños no progresaron su causa ante el gobierno mexicano. El 20 de junio y el 4 de julio se leyó en el Congreso la petición de Honduras para independizarse, absolutamente, de Guatemala, pero no se llegó a ninguna resolución (Barragán, 1980a). El 10 de julio, el Congreso Constituyente ratificó la unión de Centroamérica a México y decretó que, mientras se emitía la ley de organización territorial, cada provincia se gobernara por su propio gobierno político superior, como lo establecieron las Cortes Generales de España (Barragán, 1980a). Si bien este era el deseo de los comisionados de Honduras en México, no resolvía el problema de la invasión militar guatemalteca en su territorio, ni la desobediencia de la ciudad de Tegucigalpa a Comayagua.

En julio llegaron los diputados electos de Honduras al Congreso Constituyente de México. Por Comayagua se presentaron Jacinto Rubí y Manuel Ignacio Gutiérrez; por Tegucigalpa, José Santiago Milla y José Cecilio del Valle. De estos diputados, Valle tendría una sobresaliente participación en México: propuso varias leyes que fueron aprobadas y emitidas, y fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores por Iturbide. A pesar del importante rol que jugó José Cecilio del Valle, este fue en detrimento para el gobierno constituido en Comayagua, ya que él concibió a Centroamérica como una entidad política unificada bajo la capital de Guatemala, pensamiento que iba en contra del autonomismo de las elites de Honduras.

La provincia de Honduras en los tiempos de Vicente Filísola

En marzo de 1822, el general Vicente Filísola coordinó acciones con los capitanes generales de Guatemala y Honduras. A Gabino Gaínza le solicitó retirar sus tropas de las ciudades y puertos hondureños, para redirigirlas a El Salvador. A Tinoco le ordenó levantar la fuerza militar de la provincia, unirse con el ejército de Nicaragua y luego estacionarse en la frontera a espera de órdenes (García, 1911). Estas acciones de Filísola redujeron las tensiones en Honduras, aunque su gobierno continuaba fragmentado entre la diputación provincial en Comayagua y las autoridades reconocidas por Guatemala en Tegucigalpa.

Las noticias de que Agustín Iturbide había recibido el título imperial llegaron a Comayagua en junio. El cabildo eclesiástico envió sus felicitaciones al emperador y realizó una pequeña celebración (Irías, 1822). En octubre Juan Lindo se encontraba de vuelta en la ciudad capital, en donde había reasumido su cargo de jefe político superior. De su viaje a México, Lindo había aportado un busto de Iturbide, que se inauguró con gran jolgorio:

El día 10 del corriente a las cuatro de la tarde presenté a este ayuntamiento y vecindario el busto de S.M.I. colocado en un carro triunfal en el atrio de la iglesia parroquial de la Caridad, que se halla a la entrada de esta ciudad. El indicado ayuntamiento y pueblo puso a un lado del busto una joven que representaba a la América Septentrional, que abrazaba con el brazo derecho el busto, y con el izquierdo traía una cadena y esposas: al lado opuesto otra joven ricamente vestida, que representaba a la provincia de Honduras, presentó a S.M. la corona y cetro. (Lindo, 1823, p.36).

De este periodo se conserva la ley de educación que emitió Juan Lindo, como jefe político superior, que es la primera legislación de su índole en la historia independiente de Honduras (Lindo, 1822). La ley comienza con una evocación al emperador Iturbide y luego procede a organizar el sistema que regiría las escuelas de primeras letras en toda la provincia. Aunque esta ley no se aplicó, debido a que una porción considerable de Honduras no reconocía el gobierno de Comayagua, representa un valioso antecedente, sobre todo si se considera que la siguiente ley general de educación del país fue emitida hasta 1847 y por el mismo Juan Lindo, en esa ocasión mientras servía como presidente del Estado (Ardón, 1957).

El retorno de Juan Lindo de México y el cese de hostilidades gestionado por Filísola no fueron suficientes para detener los problemas de Honduras. En 5 de octubre de 1822, Iturbide emitió la orden de reorganización de las provincias de Centroamérica. El mandamiento era que Honduras pasara a formar una sola comandancia general con Nicaragua y que la capital fuera la ciudad de León (Vásquez, 2010). La disposición fue mal recibida en Honduras. Juan Lindo intentó defenderla ante sus compatriotas, con el argumento que se trataba solamente de un asunto transitorio mientras se emitía la constitución del Imperio. El cabildo de Comayagua envió una petición a Iturbide para que retirara la orden y le planteó que la ciudad "juró su independencia desde el 28 de septiembre del año próximo pasado, separándose al mismo tiempo del gobierno de Guatemala, uniéndose únicamente al Imperio Mexicano, a quien se sujetó en todos los ramos" (Romero, 1877, p.162) y que era injusto que ese acto de fidelidad se pagara empeñando su soberanía a otra jurisdicción política.  

Las protestas de Honduras sobre el asunto de las comandancias generales no trascendieron, aunque hay que agregar que no fue necesario, ya que la medida no llegó a aplicarse en Centroamérica por la disolución del Imperio en 1823. El 12 de diciembre de 1822, Comayagua realizó la ceremonia de juramento al emperador Iturbide y en enero dirigió nuevas protestas a México sobre la creación de las comandancias (Romero, 1877). En la ciudad de México, la disolución del Congreso y la creciente oposición contra Iturbide crearon nuevos problemas que ameritaron atención inmediata de las autoridades políticas y desplazaron la discusión de los problemas centroamericanos a segundo plano.

José Cecilio del valle, diputado de Tegucigalpa

José Cecilio del Valle, diputado por Tegucigalpa, tuvo un papel destacado en los últimos meses del Imperio. Valle no había visitado Honduras desde su infancia, tenía su residencia en Guatemala y al momento de su elección fue votado diputado por Chiquimula en Guatemala y por Tegucigalpa en Honduras, pero el Congreso Constituyente del Imperio decidió aceptarle solamente las credenciales de su tierra natal (Barragán, 1980a). Las haciendas personales de Valle en Choluteca, Honduras, eran administradas por los Herrera, que pertenecían también a su familia. Dionisio de Herrera, jefe político en Tegucigalpa y principal opositor al gobierno de Juan Lindo en Comayagua, era sobrino de Valle y sostenía las mismas ideas de una Centroamérica soberana (Bumgartner, 2021). Por lo tanto, en su actuar en el Congreso, Valle fue consecuente con su propio pensamiento y con el de las autoridades de Tegucigalpa que lo habían elegido, y abogó por la separación de Centroamérica del Imperio.

José Cecilio del Valle fue juramentado como diputado de Tegucigalpa ante el Congreso Constituyente el 3 de agosto de 1822 (Barragán, 1980a). En sus primeras semanas pronunció varios discursos sobre los temas tratados en las sesiones: se mostró a favor de la libertad de prensa salvo en casos que esta atacara la religión; se opuso a que Iturbide nombrara magistrados de la Corte Suprema; propuso un método de pago para los viáticos de los diputados; formuló un proyecto para que el impuesto sobre el aguardiente financiara las escuelas; promovió la inmigración como medio de desarrollo; y desaprobó la medida de otorgarle al emperador poderes para repartir las tierras nacionales. Estas intervenciones de Valle elevaron su reputación entre los diputados y el 24 de agosto fue electo como vicepresidente del Congreso, con 68 votos de 103 posibles (Barragán, 1980b).

Dos días duró la vicepresidencia de Valle, ya que fue arrestado y puesto preso por órdenes de Iturbide, quien lo sospechaba de conspirar contra su gobierno. La prisión de Valle duró hasta el 24 de febrero de 1823, cuando aceptó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores y Asuntos Domésticos que le ofreció Iturbide. Los historiadores no han encontrado motivo explícito por el cual el emperador escogió a Valle (Bumgartner, 2021). Es sabido que Iturbide tenía buenas referencias de Valle desde 1821, cuando Mariano de Aycinena (1936), su hombre de confianza en Guatemala, le informó que "es un sabio verdaderamente, y acaso sin igual en Guatemala"(p.61), a esto hay que sumar la buena reputación que Valle había granjeado en las sesiones del Congreso. De modo que puede considerarse su liberación y nombramiento como una medida de Iturbide para integrar a su impopular gobierno una figura que gozaba de la confianza de los diputados.

El 28 de febrero, José Cecilio del Valle (1823a) emitió una proclama en la que anunciaba que los deseos de Iturbide eran el restablecimiento del Congreso que él mismo había disuelto. El 4 de marzo, Valle pidió la cooperación de las autoridades políticas en todos los niveles para conllevar lo que él llamaba una transición del gobierno. Al día siguiente, Valle emitió un discurso en el cual celebraba la orden de reinstalar el Congreso Constituye y apuntaba que esta siempre había sido la voluntad del gobierno de Iturbide. El 8 de marzo, reanudó sus sesiones el Congreso y Valle pronunció un discurso en su sala en la cual pedía, en nombre de Iturbide, una amnistía general "que disipe toda memoria de ofensas o errores pasados" (Valle, 1823b).

Los siguientes días de marzo fueron dedicados por Valle a servir de intermediario entre Iturbide, quien preparaba su exilio y el Congreso Constituyente (Bumgartner, 2021). El triunvirato encargado del Poder Ejecutivo decidió retener a Valle como empleado y lo nombró, primero, secretario del despacho de justicia y negocios eclesiásticos y después lo convirtió en ministro universal, al asignarle a su cargo todos los ministerios (García, 1945). Valle, sin embargo, solicitó su reincorporación al Congreso Constituyente como diputado para representar a Tegucigalpa, lo que le fue otorgado.

El 22 de abril, el Congreso Constituyente de México fue informado de la separación de Guatemala del Imperio. Valle pronunció un largo discurso defendiendo el proceder de Centroamérica y alegando que el Congreso mexicano no tenía autoridad para emprender ninguna medida que prolongara esa unión (Barragán, 1980c). El Congreso no tomó una decisión sobre la cuestión centroamericana y en las sesiones sucesivas Valle continuó presionando a la legislatura para que aceptara la emancipación del Istmo. El 2 de julio, Valle informó al Congreso que había sido electo como diputado de Tegucigalpa para el Congreso General de Centroamérica y el Congreso Mexicano le concedió permiso para retirarse de sus sesiones (Bumgartner, 2021). México aceptó la separación de Centroamérica hasta el 20 de agosto de 1824.

Honduras y la disolución del Imperio

Ajeno a los sucesos políticos de México, Vicente Filísola continuó con su misión militar en Centroamérica. El 9 de febrero de 1823, el general entró victorioso en la ciudad de San Salvador y finalmente toda Centroamérica se incorporó al Imperio Mexicano. De regreso a la ciudad de Guatemala, Filísola fue informado del Plan de Casa Mata y de la precaria situación de Iturbide, así que decidió marchar a Chiapas para informarse sobre la situación. Una vez comprendió lo que pasaba, Filísola decidió emitir un decreto en el que convocaba un Congreso Constituyente para Centroamérica que decidiera su continuada anexión a México (Chamorro, 1951).

El plan de Filísola fue recibido con entusiasmo por casi toda Centroamérica y según él, la única provincia que presentaba disenso era Comayagua, que había acordado enviar sus diputados al Congreso, pero se reservaba la opción de unirse nuevamente a México si en aquel país se restablecía la monarquía (García, 1911). Para este punto, Filísola sostenía correspondencia con Dionisio de Herrera, jefe político de Tegucigalpa, y sabía que era esa ciudad la que controlaba la mayoría de los poblados en Honduras, y que Comayagua se encontraba aislada y sin recursos políticos (Guardiola, 1950). Aparentemente, Comayagua estaba consciente del contacto entre Filísola y Tegucigalpa, ya que Juan Lindo escribió a Dionisio de Herrera para exponerle que, seguramente, José Cecilio del Valle trabajaría para que el Congreso Constituyente de México preservara la unión del Imperio. Herrera, conocedor de las ideas de Valle, decidió ignorar esta propuesta del gobierno de Comayagua.

El 29 de junio, la Asamblea Constituyente de Centroamérica dictaminó la nulidad de la anexión del territorio a México, y el primero de julio emitió su declaratoria de soberanía e independencia absoluta. Filísola se retiró del Istmo junto a la división mexicana y el 1 de agosto la Asamblea declaró que sostendría relaciones amistosas con México (Marure, 1837).

Conclusiones

Las elites de Comayagua vieron en el Imperio Mexicano una monarquía constitucional que les permitiría ganar su autonomía de gobierno, que desde finales del siglo XVIII reclamaban a la Corona castellana. El fracaso de este proyecto tuvo repercusiones profundas en la vida política de la recién emancipada provincia: en 1825, las elites de Comayagua perdieron las primeras elecciones de jefe de Estado de Honduras contra Dionisio de Herrera, quien había sido el principal opositor de la unión a México; en 1826, el provisor Nicolás Irías, uno de los promotores de la unión al Imperio, inició la primera guerra civil y el primer golpe de Estado en la historia independiente del país. Entre los actores decisivos del periodo sobresalieron José Cecilio del Valle, cuyas gestiones en el Congreso Mexicano anticiparon la separación de Centroamérica, y Vicente Filísola, cuya retirada de las tropas imperiales marcó el cierre definitivo del vínculo con México.

Tendrían que pasar más de veinte años para que el grupo que favoreció la unión al Imperio Mexicano regresara a ocupar altos cargos de gobierno. Juan Lindo se convirtió en presidente del Estado de Honduras en 1847 y se presentó a sí mismo como un federalista. Los argumentos que esgrimió para apoyar la nueva unión de Centroamérica fueron similares a los que expuso para promover la anexión a México:  se necesitaba de una nación grande y fuerte para proteger la soberanía interna de cada Estado.

Referencias